El atentado contra Charlie Hebdo aviva la polémica sobre seguridad y libertad en Internet
Los gobiernos especialmente preocupados por evitar que Internet sirva de vía para que se impulsen acciones terroristas, se han cargado nuevamente de razones para restringir parte de la libertad de las comunicaciones digitales en pos de la seguridad, tras el atentado sufrido en París por dibujantes de la revista Charlie Hebdo. Es un nuevo capítulo en una polémica que parece no tener fin.
En este caso ha sido el Primer Ministro británico, David Cameron, quien ha planteado la posibilidad de prohibir los sistemas de mensajería instantánea encriptados, como WhatsApp, iMensaje, Telegram o Sanpchat, si sirven para facilitar los planes de los terroristas. Tras ello, también se ha revelado que preguntará al presidente de EEUU, Barak Obama, acerca de la manera en que Facebook y otras empresas de Internet gestionan contenidos difundidos por extremistas.
Con respecto a las aplicaciones del tipo de Whatsapp, Cameron desea otorgar a los servicios secretos más capacidad para espiar libremente las comunicaciones privadas, evitando los sistemas de encriptación que impiden a los Gobiernos identificar el contenido de los mesajes. El Primer Ministro quiere “una legislación bien completa que garantice que no permitimos a los terroristas tener un espacio seguro para comunicarse entre ellos".
En cuanto al asunto de Facebook, que ha sido revelado por una fuente anónima relacionada con los planes, Cameron ha pedido al ex embajador británico en Washington, Nigel Sheinwald, que busque maneras de conseguir que las compañías tecnológicas compartan datos con las autoridades británicas aunque pertenezcan a jurisdicción estadounidense, para lo cual debatirá el tema con Obama dentro de conversaciones más amplias sobre seguridad.
No es la primera vez que Cameron se pronuncia en este sentido con respecto a Internet y terrorismo: Criticó a las redes sociales, junto a otros políticos de su país, en el caso del soldado británico asesinado Lee Rigby, en el que uno de los asesinos había anunciado en Internet sus intenciones.
Tampoco es, ni mucho menos, el único representante de organizaciones gubernamentales que defiende este tipo de posturas. De hecho, sus reticencias respecto de WhatsApp se parecen bastante a los argumentos del director del FBI, James Comey, cuando dijo que la privacidad digital pone a la gente por encima de la ley: “Me abruma la idea que sea posible comercializar dispositivos que permiten al usuario colocarse por encima de la ley”, y comparaba la privacidad de los smartphones que ofrece la industria con “vender automóviles cuyos baúles no puedan ser abiertos por agentes policiales” o “vender un apartamento al que no pueda ingresar la policía”.
El debate sobre el uso de los sistemas e infraestructuras informáticas enfrenta desde hace años la posición de la defensa de la seguridad ciudadana con la de la libertad de los propios ciudadanos. Dependiendo de los últimos acontecimientos surgidos, la polémica se balancea de uno al otro punto de vista. Ahora los gobiernos ponen el grito en el cielo tras el atentado de París, pero cuando se revelan casos de espionaje gubernamental no autorizado legalmente a compañías de Internet la polémica clama desde el lado contrario. Es el caso, por ejemplo, del litigio que mantiene Microsoft con EEUU por la solicitud de datos de servidores ubicados lejos del país norteamericano, debido a una investigación sobre tráfico de drogas.
España no es ajena al asunto. Las enmiendas del Grupo Popular al proyecto de reforma del Código Penal, que ya se conocían a finales del año pasado, incluían un notable endurecimiento de las penas por intrusión en redes y sistemas informáticos, ciberataques, ciberterrorismo, piratería, etc. Por ejemplo, proponían penas de entre uno y ocho años de prisión para quien, por ejemplo, accediera varias veces a sitios web de divulgación de grupos terroristas. Sin embargo, en el debate que se está produciendo precisamente estos días en el Congreso de los Diputados, esta propuesta en concreto ha sido retirada, ya que el Grupo Popular va a pactar una ley orgánica con el Grupo Socialista.
